Eduardo J. De la Peña
En Mérida, en marzo de 1998, Elba Esther Gordillo,
operando desde una suite del Presidente Intercontinental, recuperó por
completo el poder en el SNTE que por tres años le había prestado al
coahuilense Humberto Dávila Esquivel.
En aquél tenso Congreso Nacional del Sindicato de Maestros quedó sepultada la idea que promovía Dávila Esquivel de desaparecer los "liderazgos vitalicios". En el olvido quedó también el principal resolutivo de esa asamblea: exigir que la educación fuera considerada una política de estado.
Diez años después, ya investida formalmente como presidenta vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo firmó con el gobierno federal lo que se llamó Alianza por la Calidad de la Educación.
Presentada como una revolución, la referida alianza planteaba un ambicioso plan que abarcaba desde la obligatoriedad de someter a concurso todas las plazas en el sistema educativo, incluidas las de inspectores y directivos, hasta aspectos de infraestructura con metas de corto plazo, pasando desde luego por lo académico proponiendo un modelo educativo que equilibrara el desarrollo de conocimientos y el de habilidades.
Alianza, revolución, reforma, se le ha llamado de diversas formas y se supone que el proyecto se está aplicando, pero no hay un informe puntual de los avances, si es que los hay, ni una medición de los efectos, si es que los ha tenido.
Lo que sí se tienen cada año son los resultados de la prueba Enlace, y otras mediciones de diversas organizaciones que una tras otra coinciden en el grave problema que tenemos en materia educativa.
Escolaridad promedio de ocho años, 33 millones de mexicanos mayores de 15 años en rezago educativo, baja cobertura en educación media y superior, menor al promedio en América Latina, son algunos de los indicadores de que estamos mal.
Y justo en base a esos indicadores, en esta semana el rector de la UNAM, José Narro Robles, demandó construir una verdadera política de estado en materia educativa.
El de Narro Robles es el mismo planteamiento que hiciera el SNTE hace 13 años.
A nivel nacional hay todo un despliegue informativo para señalar el pobre desempeño que se tiene en materia educativa en México, según diferentes mediciones.
Es tanta la insistencia, y tan en sintonía lo que los periódicos y las cadenas nacionales están señalando, que se alcanza advertir más un interés político, inscrito en la contienda interna del PAN donde una ex secretaria de educación busca la candidatura presidencial, que un propósito auténtico de impulsar un cambio.
Habría que rechazar ese tipo de manejos, y pugnar como sociedad en que se ponga la atención debida al tema educativo. Además del diagnóstico se tienen estrategias importantes que implicarían una mejoría, lo que falta, una vez más, es compromiso y voluntad para aplicarlas.
Así, queda claro que del pozo no saldremos mientras se siga viendo a la educación, antes que como el único camino para generar desarrollo, como una moneda de cambio en la política y las disputas por el poder.
En aquél tenso Congreso Nacional del Sindicato de Maestros quedó sepultada la idea que promovía Dávila Esquivel de desaparecer los "liderazgos vitalicios". En el olvido quedó también el principal resolutivo de esa asamblea: exigir que la educación fuera considerada una política de estado.
Diez años después, ya investida formalmente como presidenta vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo firmó con el gobierno federal lo que se llamó Alianza por la Calidad de la Educación.
Presentada como una revolución, la referida alianza planteaba un ambicioso plan que abarcaba desde la obligatoriedad de someter a concurso todas las plazas en el sistema educativo, incluidas las de inspectores y directivos, hasta aspectos de infraestructura con metas de corto plazo, pasando desde luego por lo académico proponiendo un modelo educativo que equilibrara el desarrollo de conocimientos y el de habilidades.
Alianza, revolución, reforma, se le ha llamado de diversas formas y se supone que el proyecto se está aplicando, pero no hay un informe puntual de los avances, si es que los hay, ni una medición de los efectos, si es que los ha tenido.
Lo que sí se tienen cada año son los resultados de la prueba Enlace, y otras mediciones de diversas organizaciones que una tras otra coinciden en el grave problema que tenemos en materia educativa.
Escolaridad promedio de ocho años, 33 millones de mexicanos mayores de 15 años en rezago educativo, baja cobertura en educación media y superior, menor al promedio en América Latina, son algunos de los indicadores de que estamos mal.
Y justo en base a esos indicadores, en esta semana el rector de la UNAM, José Narro Robles, demandó construir una verdadera política de estado en materia educativa.
El de Narro Robles es el mismo planteamiento que hiciera el SNTE hace 13 años.
A nivel nacional hay todo un despliegue informativo para señalar el pobre desempeño que se tiene en materia educativa en México, según diferentes mediciones.
Es tanta la insistencia, y tan en sintonía lo que los periódicos y las cadenas nacionales están señalando, que se alcanza advertir más un interés político, inscrito en la contienda interna del PAN donde una ex secretaria de educación busca la candidatura presidencial, que un propósito auténtico de impulsar un cambio.
Habría que rechazar ese tipo de manejos, y pugnar como sociedad en que se ponga la atención debida al tema educativo. Además del diagnóstico se tienen estrategias importantes que implicarían una mejoría, lo que falta, una vez más, es compromiso y voluntad para aplicarlas.
Así, queda claro que del pozo no saldremos mientras se siga viendo a la educación, antes que como el único camino para generar desarrollo, como una moneda de cambio en la política y las disputas por el poder.
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