El crimen perfecto
La pobreza
intelectual del
movimiento #YoSoy132 nunca fue tan exhibida como en el marco de la aprobación
inminente de la
Reforma Laboral. Pese a que la insurrección juvenil en plena efervescencia
electoral provocó que los intelectuales de izquierda le quemaran incienso,
algunos señalamos que la primera obligación de los jóvenes era estudiar
y no manifestarse por
las calles. Ahora que el dictamen de las modificaciones a la Ley Federal del
Trabajo eliminó el dulce de la transparencia sindical y dejó la hiel de los
contratos temporales, el #YoSoy132 permanece mudo e inactivo frente a los nuevos mecanismos de
contratación que afectarán su vida laboral para los próximos 30 años. Si la flexibilización va a afectar a alguien en este país,
será a los jóvenes del movimiento que irrumpió en la elección presidencial.
La propuesta del dictamen incluye dos modelos de relación laboral que afectarán
especialmente a los jóvenes recién egresados de la universidad: los contratos
por periodo de prueba y los contratos para capacitación inicial. Ambos durarán un máximo de seis meses, y al finalizar serán retirados
de la empresa sin compensación o derechos laborales. Y la próxima vez
que encuentren trabajo, volverán a ser contratados por ese espacio de tiempo.
Nunca generarán derechos ni antigüedad. Y cada seis meses podrán ser
despedidos.
Claro que al resto de nosotros no nos irá mejor. El dictamen dejó intactas las
formas de contratación por
horas, días o meses. No queda claro cómo se armonizará la
contratación por horas con el precepto constitucional del salario
mínimo, que sería equiparado a algo así como 7.47 pesos la
hora. En otras palabras: si el salario mínimo es una miseria, el pago por hora
nos hará todavía más pobres y más pobres. ¿Quién aceptará trabajar tres
horas por 22 pesos? ¿Qué tipo de vida puede tener alguien con ese dinero?¿132 pesos a la semana? ¿528 pesos al
mes?
La izquierda luce impotente, nuevamente, ante la aplanadora
del PRIAN que
perfectamente se puso de acuerdo para satisfacer cada uno a su clientela: el
PAN beneficia a los empresarios que enriquecieron a lo largo de sus 12 años en
el poder y dinamita, al mismo tiempo, un modelo de legislación laboral proclive a proteger a los
empleados. El PRI, por su parte, continúa su proyecto de modernización
económica pero al mismo tiempo le da cobertura a los líderes sindicales que
forman parte de su estructura partidaria desde los años 30 del siglo pasado. La
Ley Federal del Trabajo cambia para que todo siga igual.
La mediocracia progresista, como siempre, se contentará diciendo que el PRIAN
pagará altos costos políticos por esta Reforma Laboral. Pero
tal letanía ya no consuela a nadie: el PRIAN viene pagando costos por los pasos
difíciles a la modernidad del salinismo, la aprobación del TLC, del Fobaproa, del incremento del
IVA, la Ley Televisa y tantos más. Y de la mano se ha pasado la estafeta
presidencial sin
que, hasta el momento, los mexicanos les hayan cobrado la factura.
Y es que el costo político es nebuloso por todos lados. La Iniciativa Preferente
fue lanzada por Felipe Calderón en su mandato. Se va al retiro bajo tantos
cargos que la Reforma Laboral será una raya más al tigre: si es
capaz de enfrentar la responsabilidad por los más de 60 mil muertos, qué pueden
preocuparle los nuevos contratos temporales. A lo más, el PAN cargará con la
culpa por su votación a favor pero seguramente se llevará el apapacho de los
empresarios. En su defensa podrán aducir que la iniciativa original preveía,
además, los mecanismos de transparencia sindical,
pero que el PRI protegió a sus líderes.
Peña Nieto, a su vez, dispondrá de la flexibilización del mercado laboral anhelada desde el salinismo a un
precio de saldo, ya que siempre podrá echarle la culpa a Felipe Calderón.
El PRI podrá echarle la bolita al PAN, y siempre podrá cobrarle a los grandes
líderes sindicales el haber retirado los mecanismos de transparencia sindical.
La Reforma Laboral es el crimen perfecto porque nadie y todos —al mismo tiempo—
son culpables.
PRI y PAN se echarán mutuamente la bolita de la paternidad de las
modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. La izquierda interpondrá
mecanismos de controversia constitucional y amparos para echarla abajo, con
pocas perspectivas de triunfo.
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